En España, las licitaciones están reguladas principalmente por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Esta ley establece las reglas, procedimientos y principios que deben seguir las administraciones y las empresas que quieren contratar con ellas.
La normativa busca garantizar transparencia, igualdad de trato y competencia entre los licitadores, evitando favoritismos y errores que puedan perjudicar a las empresas. También regula plazos, documentación, adjudicación y recursos, para que todo el proceso sea claro y seguro.
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